Por: Cristian David Díaz Córdoba1
1 Estudiante del programa de Comunicación Social y Periodismo, Corporación Universitaria del Meta-UNIMETA. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Hay un problema escondido frente al tema de las protestas y ante la actual situación del país, y es, en efecto, la mala administración. Pero, qué puedo decir de la mala administración, puede ser el producto de una gran cantidad de decisiones tomadas a la ligera; puede ser también la mala preparación de un cargo, o tan sólo puede ser el nombre que le damos a la mala suerte que corre una nueva administración: ¡porque la antigua administración le dejó a la nueva, ciudades destrozadas y una nación hecha pedazos! Daré mi punto de vista sobre el tema.
Ya me aburre que siempre los gobernantes se laven las manos ante cualquier percance, al expresar frases como: “eso viene de la administración anterior”. Inmediatamente, imagino (como si existiera) una purga laboral cada vez que hay cambios en los mandatarios; como si todo el trabajo que haya sido realizado desapareciera a la llegada de una escoba que barre y bota proyectos y personal.
He trabajado por dos años para el distrito de la capital, y en esta experiencia he sido testigo de cómo una nueva administración introduce –retóricamente- discursos que alardean de un bienestar, cambio y mejoras para la administración, además hablan de mejores oportunidades laborales para todos. Pero, para sorpresa de todos, es que tales promesas no se cumplen, no hay cambios positivos: se sigue en las mismas dinámicas de las administraciones pasadas. Basta ver cómo los colaboradores de las campañas políticas se lanzan como niños a una piñata a echar mano de los mejores recursos; usándolos para gestionar proyectos personales disfrazados de beneficios para la ciudad. Puedo decir que en este caso he sido testigo de una subdirección de promoción en un instituto para el que trabajé hace un tiempo. El subdirector del instituto aquel, gastó una alta suma de dinero en crear una productora de comerciales para promocionar la ciudad en plena época de aislamiento ocasionado por la pandemia. Claramente, los recursos que fueron utilizados para ello se pudieron haber invertido para mejorar los recursos del personal y técnicos, sin embargo, se gastaron en simples comerciales.
Por otra parte, la entidad asignó el cargo de asesora de comunicaciones a la familiar de un concejal que representaba a algún partido político simpatizante. Esto demostró que la persona que no tuviera un padrino político, difícilmente podría trabajar para allí. El trato era desigual, y tan rápido finalizaban los contratos del personal, estos ya estaban afuera para darles la oportunidad de pertenecer a la institución a sus amigos personales. La directora de la institución tenía alrededor de seis asesores que brindaban asesorías especiales de cómo debía llevar el cabello cuando la entrevistaran. Las maestrías y especializaciones de las mejores universidades privadas eran pagas por familiares políticos de muchos de los asesores; sus conocimientos variaban entre qué tanta azúcar le gustaba en el café a su jefe, o ser un esclavo más en la cadena de solicitudes de reunión con la directora. El protocolo era sencillo: lo único que debía hacer era hablar con la secretaria para que esta le comunicara a alguna de las asesoras y esta a su vez le comunicaba al final a la directora. Eso no es todo, estos asesores devengaban por estas funciones un salario de alrededor ocho millones de pesos mensuales.
Ahora bien, ¿a qué voy con mi relato? Quiero que, usted señor (a) lector (a), imagine un país sin personas que actúan como si fuesen parásitos que se mantienen a costa de los recursos del estado; donde estos sueldos exagerados fueran regulados y que ese dinero fuera invertido en campañas y proyectos que estén a favor del pueblo; o que (simplemente) se destinara ese dinero para algún imprevisto económico como alguna catástrofe. Quiero que, usted como lector, realice un cálculo aproximado -sin necesidad de un estudio estadístico- de cuántos ministerios, secretarías y afines puede tener el país. Si esto se presenta en un instituto pequeño, podrá usted llegar a imaginarse cómo puede ser en entidades de mayor tamaño; imagine usted una cantidad exagerada de este tipo de asesores que se ocupan de estar atentos a ver cómo luce el cabello del jefe y que además cobran cheques aproximados entre cuatro y ocho millones de pesos mensuales.
Otro caso que les puedo comentar es cuando un padrino político ubica a un gran amigo, o a algún familiar, en cargos que exigen de una alta experiencia y una buena aptitud. Sin embargo, siguiendo la cadena de probabilidades que dejan este tipo de experiencias, podemos concluir que, una entidad es mejor y cumple con sus objetivos si hay posibilidad de vinculación por medio de un familiar político.
Según el diario La República, Colombia está entre los cien países con mayor corrupción de acuerdo con un informe de Transparencia Internacional. No puedo estar ni a favor ni en contra de la reforma tributaria que propone el gobierno; ni mucho menos estoy de acuerdo en el cobro de impuestos a ciertos productos, pues en este momento el país requiere un gran apoyo económico, y las soluciones que pretenden dar no funcionan, pues hay problemas que deben solucionarse primero, de lo contrario, el trabajo será inútil.
Esto puede ser tal vez lo que enfade a la gente; esta puede ser la verdad del porqué de las marchas; puede ser tal vez eso lo que pide la gente, no sólo que caiga una reforma o un impuesto, más allá de esto queremos que caigan sus sistemas de corrupción.
